Los egresados de la Maestría de la Mención en Ciencias Penales, estarán en condiciones de contribuir al Desarrollo Integral de la Región, del país y del mundo, por lo que el alumno debe poseer conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas siguientes:
Conocimientos: Conocer las bases teóricas de la Dogmática jurídica – penal; la normatividad del derecho punitivo y penitenciario; los fundamentos conceptuales y doctrinales en los que se funda la Teoría del delito; la metodología específica para desarrollar los procesos de investigaciones Jurídicas en el campo del Derecho penal.
Habilidades: Elaborar propuestas metodológicas, filosóficas y políticas destinadas a propiciar cambios en materia de Derecho penal; determinar as condiciones en las que se da y combate el crimen organizado, elaborar propuestas para implantar Actitudes: Vivenciar la Ética profesional; Justicia, equidad y rectitud; Lealtad con los ciudadanos que soliciten los servicios; Actualización profesional permanente para brindar un servicio de calidad.
Destrezas: Tendrá destreza para analizar e interpretar las leyes penales y demás preceptos legales en esta materia; para reconocer las responsabilidades que se derivan de las obligaciones penales, haciéndolas de conocimiento a sus clientes para prevenir acciones de la autoridad en esta materia.

• Formar especialistas en Ciencias Penales con sólida base teórica y práctica en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Política Criminal, capaces de analizar, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico penal con enfoque garantista, crítico y acorde con los principios constitucionales y de derechos humanos.

• Profundizar en el estudio del Derecho Penal sustantivo, abordando la teoría del delito, la imputación objetiva, la autoría y participación, las consecuencias jurídicas del delito y los delitos especiales.

• Analizar el sistema procesal penal desde una perspectiva constitucional, garantizando el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el respeto a los derechos fundamentales

• Fomentar el ejercicio ético de la función jurídica penal, con compromiso social y respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.